Con el objetivo de promover la participación del ciudadano en las decisiones gubernamentales, el Congreso del Estado arrancó los trabajos para crear la Ley de Participación Ciudadana en la que se pretenden establecer y regular mecanismos como la consulta pública, presupuestos participativos, plebiscito, referéndum, audiencia pública, observatorios y consejos ciudadanos, entre otras figuras.

En congruencia con el tema abordado y como primer acuerdo, se designó a Luis Francisco Villaescusa Arvizu, del Foro Libre y Democrático, como coordinador de los trabajos para fijar los temas, los planes de acción y los tiempos para conformar el nuevo marco legal que buscará reconstruir la confianza entre la sociedad y las instancias de gobierno.

En este arranque participaron representantes de la Comisión Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, universidades, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales que colaborarán con los diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Todos los participantes declararon en permanente la mesa de trabajo para volver a reunirse antes de diez días con propuestas más concretas, al tiempo que se abrió la posibilidad de incluir a otras organizaciones ciudadanas que deseen incidir en la confección de la ley.

Por parte del Congreso, se hizo el compromiso de subir al portal del Internet (www.congreso-nl.gob.mx) las iniciativas de participación ciudadana que se han presentado desde hace seis años, así como la legislación vigente en esta materia, con el fin de que todos los interesados tengan una base común para el análisis y la propuesta.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de citada Comisión Especial para la Reforma del Estado, expuso que este proceso legislativo representa un paso más en la madurez política que ha alcanzado Nuevo León, ya que se busca que la opinión ciudadana tenga un peso específico en las decisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, más allá de los partidos políticos.

Lo que podemos percibir en la actualidad es una participación ciudadana activa que debe tener ahora un sustento que no radique en la voluntad política del ejercicio del gobernante en turno, apuntó.

Agregó que con esta ley se busca que la participación ciudadana deje de ser una simple concesión de las autoridades, para convertirse en un mandato de ley con el que cualquier ciudadano tendrá las herramientas que le permitan incidir en el ejercicio gubernamental.

Resulta necesario que Nuevo León, que ya cuenta con una sociedad demandante y participativa, cuente además con una legislación de avanzada que regule y dé cauce a estas efectivas experiencias, una efectiva legislación, vigente, aplicable, útil, moderna y representativa de la idiosincrasia de nuestra sociedad.

No estamos pensando en el leyes de membrete, aseveró Gutiérrez de la Garza. Para impulsar este proyecto, ha sido fundamental el apoyo de los coordinadores de los seis grupos legislativos del Congreso: Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI; Hernán Salinas Wolberg, del PAN; Jorge Santiago Alanís, del PANAL; Juan Carlos Holguín Aguirre, del PVEM; Homar Almaguer Salazar, del PT; y María de los Ángeles Herrera García, del PRD.

Los mecanismos que serán sometidos a estudio para su eventual regulación son: iniciativa popular, consulta popular, consulta pública, presupuestos participativos, acceso a la información, referéndum, plebiscito, colaboración comunitaria, consejo ciudadano asesor, agrupamientos empresariales, observatorio ciudadano, consejo consultivo ciudadano, audiencia pública, unidades de quejas y denuncias, difusión pública y redes sociales de Internet.

A la Comisión Especial para la Reforma del Estado también pertenecen los diputados José Ángel Alvarado Hernández, Héctor García García, Héctor Morales Rivera, y Alfonso Robledo Leal.